La implantación de líneas de tren de alta velocidad en España continúa generando movilizaciones de protesta. El enorme impulso que este tipo de transporte ferroviario ha recibido en la última década por parte del Estado español, conlleva modificaciones en la estructura del transporte público. Según denuncian las diversas plataformas, asociaciones y colectivos implicados en las protestas, estas modificaciones en numerosas ocasiones generan perjuicios sociales, económicos y ambientales.
Para Ecologistas en Acción, prevalece la falacia del supuesto desarrollo asociado a estas infraestructuras, ya que, si todas las inversiones realizadas en trenes de alta velocidad se hubiesen repartido por la red de ferrocarril existente, las mejoras de velocidad y de los servicios, por ejemplo en cercanías, favorecerían a muchas más personas y tendrían mucho menos impacto ambiental.
Uno de los últimos episodios de esta transformación está ocurriendo en Galicia. Allí, el 70% de las estaciones de ferrocarril del denominado Eje Atlántico habrán sido eliminadas para 2012, lo que supondrá la desaparición de los servicios y vías tradicionales y afectará a más de 230.000 personas. La Plataforma Salva o tren denuncia que no se ha previsto una alternativa viable ecológica y socialmente responsable. Esta plataforma fue constituida el 28 de marzo por varias asociaciones de todo el territorio gallego, a partir de las movilizaciones realizadas por la Coordinadora en defensa del tren regional ‘Portas non pode perde-lo tren’, creada como respuesta a la eliminación del tramo entre Portela y Vilagarcía de Arousa –que conlleva el cierre de la estación de Portas– con la entrada en funcionamiento del tramo de tren de alta velocidad denominado Variante de Portas.
A pesar de las movilizaciones, el pasado 20 de julio se llevó a cabo la eliminación del tramo y el cierre de la estación, denunciada por la Plataforma Salva o tren en una serie de acciones entre las que destaca la ocupación de las vías por parte de los vecinos de Portas durante la parada del “último tren” que circuló por esas vías. Según ha denunciado reiteradamente esta plataforma “la implantación del tren de alta velocidad está suponiendo la eliminación de trayectos y estaciones del servicio ferroviario de proximidad”. Para ellos, esto se debe a que los recorridos de alta velocidad se superponen a las principales líneas de transporte ferroviario regional, con lo que, en vez de incrementar la diversidad de la oferta de transporte público, se restringe.
Asimismo, afirman que “la alta velocidad no soluciona los problemas de los pueblos y aldeas gallegas, los cuales requieren de servicios públicos de transporte que los conecten entre sí y con los grandes núcleos urbanos, por lo que es necesario defender y fomentar el servicio público del tren regional, hasta la creación de un futuro tren de cercanías que garantice el desarrollo sostenible, la preservación del medio natural y el futuro de las villas y aldeas de Galicia”.
Fernando Gómez, coordinador general de la Plataforma Salva o Tren expresó a DIAGONAL su preocupación “ante la falta de respuestas por parte de las administraciones regionales y nacionales, y lo que es mas grave: la presión por parte de las subdelegaciones de Gobierno en forma de multas a aquellas personas que, a pie de vía, participan en las movilizaciones contra el cierre de estaciones y el levantamiento de las vías tradicionales. Hasta el momento se han impuesto varias multas a activistas. Es el caso de Lucía La Torre, multada con 1.500 euros por hablar por un megáfono durante una concentración. O multas de 500 euros por, según la Subdelegación, haber convocado por teléfono a la gente a acudir a una concentración”.
Tren de cercanías
El último capítulo ocurrió el 11 de noviembre, cuando por octava vez se intentó expulsar a los operarios de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de la vía en Portas, a la que acudían para instalar una topera (una topera es un dispositivo fijo generalmente colocado en vías terminales cuya misión es detener la circulación del tren). Según la Plataforma Salva o tren, la colocación de las toperas supone un paso más para el desmantelamiento de las vías. Los operarios llegaron acompañados por 20 guardias civiles, algunos de ellos enviados directamente por la Subdelegación de Gobierno.
Según Gómez, la Plataforma Salva o tren expresa la necesidad de un modelo ferroviario que sirva a todos los gallegos y no sólo a los que viajan entre las grandes ciudades. El objetivo es que se elabore un proyecto de tren de cercanías parecido al que disfrutan otras comunidades como Madrid o Barcelona “a pesar de que en esos casos tampoco se invierten los recursos suficientes, como quedó de manifiesto con los problemas del tren de cercanías en Barcelona”. La Plataforma Salva o tren considera que es necesario redistribuir el actual reparto del transporte, de forma que se potencien los modos menos agresivos para el medio social y natural, reivindicando el transporte colectivo y los servicios del tren de cercanías, modificando el reparto inversor en infraestructuras y material ferroviario, de forma que se mejore y potencie la red convencional, de modo que se termine con la actual polarización a favor del tren de alta velocidad.
Alta devastación: los estragos del TAV
La resistencia contra el TAV en el País Vasco ha cumplido más de 15 años. Las asociaciones que se oponen a la línea de alta velocidad denuncian el desplazamiento de pueblos y la destrucción de la orografía que acarrea el proyecto. Está previsto que la red, que unirá la meseta con Vitoria, San Sebastián y Bilbao, se inaugure en 2010. En Val di Susa, en los Alpes italianos, las protestas contra la línea de alta velocidad, que culminaron con una manifestación de más de 80.000 personas, lograron frenar el TAV Turín- Lyon, que el Gobierno italiano sigue considerando una de sus prioridades. Allí donde se proyectan, los trenes de alta velocidad recorren una línea similar: Mientras organismos, promotoras e inversores terratenientes manifiestan que el ferrocarril modernizará las comunicaciones; gobiernos locales, vecinos y grupos ecologistas critican el alto coste de los proyectos. Para alcanzar la velocidad de crucero, que supera los 300 km/h, el TAV requiere un trazado casi rectilíneo, lo que conlleva la construcción de túneles y viaductos, con la consiguiente alteración en el paisaje.
